En México, la construcción de la ciudadanía ha tenido avances y retrocesos. El supuesto proceso de democratización que vive México está marcado por una fuerte crisis de representación política, de falta de credibilidad y fuerte desprestigio de los partidos políticos así como por la pérdida del sentido transformador de la política. Los derechos civiles se ven gravemente afectados. La creciente violencia, militarización y uso arbitrario de la violencia en diversas regiones del país, pone en riesgo estas garantías. Mientras que el acceso a la justicia en muchas ocasiones es un privilegio de una minoría. Los derechos políticos están limitados como si se tratara de una concesión que depende del gobierno en turno. Y los derechos sociales apenas cubren a una pequeña proporción de los habitantes de este país.
La transformación del modelo económico de exclusión parece lejana. Mientras, las prácticas políticas clientelares y las políticas públicas focalizadas prevalecen como mecanismo de control social a la vez que tienen un efecto profundo en la desintegración social y en el mantenimiento de una democracia meramente formal. Las crecientes protestas sociales son "atendidas" con una también creciente dosis de represión; mientras, el incremento de la violencia, militarización y uso arbitrario de la violencia por parte del Estado y la pérdida del control político real sobre territorios geográficos y sociales están generando un creciente temor de la población por la participación en asuntos públicos.
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